UNA RESPUESTA DEL ESTADO A UNA NECESIDAD URGENTE

Primero conocimos a las madres. Ellas nos contaron la historia de sus hijos enfermos. Después conocimos a sus hijos, los vimos mejor gracias al aceite de cannabis. En tercer lugar conocimos a los médicos, en cuarto a los investigadores. Conocimos a personas que querían mejorar la vida de otras personas, que tenían una necesidad y una urgencia: necesitaban cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida y un Estado que no los persiga por hacerlo.

A partir de allí me comprometí como diputada y presidenta de la Comisión de Salud, a dar el debate sobre la utilización del cannabis con fines medicinales, realizando múltiples reuniones y encuentros con especialistas, con médicos y con las organizaciones de madres y pacientes.

En los últimos meses se han presentado diversos proyectos respecto del uso medicinal del cannabis (proyectos de ley, de declaración y de resolución). Las iniciativas ingresadas son más de diez y representan a los distintos bloques políticos y sus posturas. En la Comisión de Salud hemos dictaminado tres proyectos sobre el tema: de Héctor Gutiérrez (UCR), de Gabriela Troiano (Partido Socialista) y de Karina Molina (PRO).

Finalmente, el lunes pasado, la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el bloque de Cambiemos, accedió a realizar una reunión conjunta con las comisiones de Legislación Penal y Acción Social y Salud Pública. Pero en lugar de poner en discusión los proyectos que se habían tratado en las comisiones correspondientes, el oficialismo develó un nuevo proyecto del diputado Buil (Cambiemos). Este proyecto propone despenalizar la investigación con fines medicinales, punto con el que estamos de acuerdo. Sin embargo, es INSUFICIENTE para dar respuesta a las madres y familias de pacientes que necesitan del aceite de cannabis hoy para tratar sus patologías.

No podemos exponer a la ilegalidad a las madres que cultivan cannabis para producir el aceite para sus hijos. Su práctica no es delictiva. No podemos exponerlas a que las encarcelen, allanen sus viviendas o les quiten la medicina de sus hijos. Debemos dejar de lado nuestros prejuicios y legislar para darle una respuesta a los miles de pacientes que hoy utilizan aceite de cannabis para tratar sus patologías.

Ante esta situación, el Estado puede tomar dos caminos bien diferenciados: criminalizar a madres que plantan y médicos que recetan el cannabis (acusándolos de tráfico, asociación ilícita, etc.); o despenalizar el autocultivo con fines terapéuticos a la vez que se fomenta la investigación del Estado (a través de las universidades) para regular la producción en nuestro país del aceite que estos pacientes tanto necesitan.

Autorizar la investigación pública en este tema es positivo, pero sabemos que es un proceso que demora años hasta que puedan obtenerse resultados materiales. Lo que estos pacientes necesitan –y que nosotros como legisladores debemos garantizar- es que no se vulneren sus derechos y garantías.

En este marco, presentamos junto a la diputada Diana Conti (FPV) un proyecto que contempla a todos los actores y no criminaliza a los pacientes, a sus familias ni a los médicos.La investigación sirve como complemento a mediano y largo plazo pero necesitamos dar una respuesta inmediata: que se debata la posibilidad del autocultivo con fines terapéuticos, y la producción nacional del aceite de cannabis una solución que los pacientes necesitan ahora.

 

Diputada Nacional Carolina Gaillard

 

LINK AL PROYECTO:http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp…